El Gobierno licita de repente la papelería electoral pese a que no hay comicios a la vista
La falta de presupuestos, el cerco judicial y los órdagos de algunos socios dificultan la continuidad de la legislatura
Pedro Sánchez, acompañado de su mujer Begoña Gómez, vota en los anteriores comicios generales. | Europa Press
El Gobierno de Pedro Sánchez ha puesto en marcha la licitación de manuales, impresos y sobres electorales a más de dos años de la fecha prevista para los comicios generales y municipales de 2027. Este proceso de licitación se inicia, de forma habitual, con muy poca antelación. Así queda patente en los contratos públicos vinculados a las elecciones generales del 28 de abril y de 10 de noviembre de 2019 y a las del 23 de julio de 2023.
El inicio del acuerdo marco, que tiene un periodo de vigencia de cuatro años, se produce en un contexto en el que las propuestas del Gobierno han perdido apoyos parlamentarios y con sus socios de Sumar cada vez más debilitados. Junts per Catalunya lanzó el pasado viernes un nuevo órdago al Ejecutivo desde Waterloo tras advertir que suspendía las negociaciones sectoriales. Mientras, la formación de Yolanda Díaz vive una importante lucha interna y padece la presión constante de sus exsocios de Podemos, que tratan de desgastarla.
En paralelo, la posibilidad de que los presupuestos salgan adelante a corto plazo es mínima, con claras advertencias tanto de Podemos como de Junts de no apoyarlos. Tampoco se pueden obviar las numerosas causas judiciales e investigaciones policiales que tienen contra las cuerdas al entorno familiar y político de Pedro Sánchez.
Las otras generales de Sánchez
El anuncio de la licitación, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, tuvo lugar el pasado día 19, y los pliegos fueron publicados un día después. El anuncio previo se produjo a finales de septiembre de 2024 y las ofertas de las empresas podrán llegar hasta el próximo 14 de febrero. El contrato está valorado en casi 13 millones de euros, impuestos incluidos. La anticipación en este último caso contrasta con las de los dos comicios generales de 2019. En esas ocasiones se aprovechó el acuerdo marco de 2017 impulsado por el Gobierno de Mariano Rajoy para licitar diferentes contratos electorales.
Las primeras elecciones de 2019 tuvieron lugar el 28 de abril y dibujaron un panorama político -con el casi sorpasso de Ciudadanos al Partido Popular y un Podemos inamovible- que obligó a repetir los comicios en noviembre. Solo dos meses antes de las elecciones se adjudicó el contrato para la compra de sobres. Fue formalizado ese mismo día. Mientras, el de noviembre de 2019, por las circunstancias excepcionales, se tramitó de emergencia.
Las otras licitaciones
Antes de las elecciones generales de 2023 se celebraron tres contratos. El anuncio de licitación del primero, un acuerdo marco, tuvo lugar solo siete meses antes de los comicios. Su valor fue de siete millones y su vigencia era de dos años. La adjudicación se produjo solo dos meses antes de las generales. Pocas semanas antes de los comicios se celebraron dos nuevos pliegos.
El detalle de actual acuerdo marco destaca que con fecha 25 de septiembre 2024, la directora general de Política Interior aprobó el inicio del procedimiento de adjudicación en un plazo de cuatro años integrado por dos lotes. Se preveía la compra y distribución de sobres, impresos, actas y manuales. «Durante la vigencia del Acuerdo Marco se celebrarán en España, al menos, los siguientes procesos electorales de ámbito nacional: elecciones municipales en mayo de 2027 y generales en julio del mismo año».
La sospecha de un adelanto
Pese a que el Gobierno asegura que trabaja con la intención de agotar la legislatura y celebrar un ‘superdomingo’ electoral en mayo de 2027, son muchos los dirigentes socialistas y cargos gubernamentales que admiten que, sin la aprobación de los presupuestos generales del Estado, la legislatura no da más de sí y está «lista para sentencia». De hecho, así se interpretó la repentina convocatoria anticipada del 41º Congreso Federal del PSOE, como un intento de adelantar la renovación prevista para finales de 2025, pensando en celebrar elecciones en un año.
Cuando se adelantó el calendario congresual del PSOE y sus correspondientes congresos autonómicos, el propio Gobierno reconoció a THE OBJECTIVE en septiembre que Pedro Sánchez barajaba el escenario del adelanto electoral como ‘plan B’, motivo por el cual encargó a su equipo electoral tres estimaciones de voto del PSOE a 12, 24 y 36 meses. Fuentes de Moncloa reconocieron entonces la probabilidad de que hubiera elecciones en 2026, como pronto, aunque la creciente y sostenida caída de los socialistas y sus socios enfría esa posibilidad.
Doble dirección
Pese a todo, la licitación de este nuevo concurso público puede ir en una doble dirección. Primero, activar la maquinaria electoral por si el callejón sin salida de la legislatura hiciera inevitable la cita con las urnas, tanto por factores propios como ajenos al Gobierno; y segundo, como mecanismo de presión a sus socios para que se avengan a la negociación presupuestaria. El ultimátum de Carles Puigdemont el pasado viernes, después de que la Mesa del Congreso pospusiera la decisión de calificar la cuestión de confianza propuesta y tras advertir que no se sentarán a la mesa hasta que no se cumplan los compromisos pactados en el inicio de la legislatura, deja en suspenso la presentación de las cuentas públicas hasta después de Semana Santa.
Pese a todo, el Gobierno ya admite en privado la posibilidad de que tampoco este año puedan presentarse los presupuestos, lo cual «no sería ningún drama», según fuentes de Moncloa. En el núcleo duro del jefe del Ejecutivo admiten que «no tendría sentido ir a una votación para perder». Ven aconsejable centrarse en los PGE de 2026 si certifican, de aquí a unos meses, que no hay agua en la piscina para poder tirarse.
Causas judiciales abiertas
No obstante, en Moncloa no tiran definitivamente la toalla porque «no hay ruptura total» por parte del líder de Junts y porque dudan de la rentabilidad electoral que pudieran sacar los posconvergentes en unos comicios que, hoy por hoy, ganaría holgadamente la suma de PP y Vox. «Junts nunca ha tenido tanta fuerza, ¿Para qué la va a perder?». Sea como fuere, los movimientos de control de las instituciones públicas y empresas privadas, como Telefónica, refuerzan las tesis de los díscolos del PSOE de que «Pedro inició en mayo una deriva de no retorno: se está atrincherando para cuando se recrudezca el horizonte judicial».
Algunos críticos creen incluso que el atrincheramiento podría aportar un balón de oxígeno temporal. Si consiguen dilatar las grandes causas que afectan al Gobierno (Caso Koldo y la trama de hidrocarburos), en el PSOE temen que Sánchez pueda acogerse a un archivo de la causa de su esposa, Begoña Gómez, o de su hermano, David Azagra, para utilizarlo como revulsivo electoral y disolver las Cortes. Una bala de plata que, como en el 23-J de 2023, pueda movilizar y aglutinar a la izquierda en torno al PSOE, haciéndose pasar por víctima del lawfare judicial y como antídoto frente a la derecha «política, mediática y judicial», que solo pretende «tumbar al Gobierno». El guion ya está escrito; solo queda llevarlo a la práctica.
